Organizaciones de derechos humanos advirtieron este martes que grupos criminales desplazan a comunidades rurales de Chihuahua y otras zonas del norte de México para hacerse con el control territorial, mediante amenazas, ataques armados, bloqueos de rutas y reclutamiento forzado.
El señalamiento forma parte del "Informe sobre el Desplazamiento Forzado Interno en Chihuahua. Resultados de la Misión Civil de Observación. Mayo 2026", presentado por organizaciones de derechos humanos.
Al presentar el informe en Ciudad de México, Saulo Loya, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, afirmó que existe “una nueva clase de economía y una nueva clase de riqueza que es el territorio mismo”.
La Misión Civil de Observación realizó recorridos del 26 al 29 de mayo en Chihuahua capital, Hidalgo del Parral y Delicias, donde se reunió con alrededor de 200 personas de comunidades de Chihuahua, Durango y Sinaloa que enfrentaron desplazamiento forzado interno.
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Yareli Rivera, integrante de Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), explicó que la misión identificó cinco causas principales del desplazamiento: el contexto territorial, la disputa y reorganización de grupos criminales, el control de recursos naturales y de la economía local, el ejercicio directo de la violencia y el reclutamiento forzado.
La Sierra Tarahumara forma parte del llamado Triángulo Dorado y, según el informe, reúne condiciones geográficas para la siembra y el trasiego de drogas, además de contar con recursos forestales y minerales. Rivera señaló que en este territorio confluyen intereses de actores criminales, gubernamentales y empresariales.
La representante de SERAPAZ indicó que el desplazamiento suele estar precedido o acompañado por actividades como la minería, la tala ilegal, el uso y trasiego de agua para narcocultivos, el cobro de piso y el bloqueo de rutas y corredores de movilidad.
Sin embargo, Loya sostuvo que el interés criminal no se limita a la explotación de recursos naturales. En algunas comunidades atacadas, dijo, no existe una riqueza material evidente, por lo que el territorio en sí mismo se convierte en un objetivo.
Violencia contra las comunidades
La misión identificó un patrón de violencia que comienza con amenazas y ataques dirigidos contra líderes comunitarios o personas con capacidad de resistencia. Cuando esas agresiones no consiguen expulsar a la población, la violencia escala hacia ataques contra comunidades enteras, explicó Loya.Entre las agresiones documentadas se encuentran asesinatos, amenazas, violencia sexual, hostigamiento, monitoreo, reclutamiento forzado y ataques con armas de alto calibre. Las organizaciones también documentaron el uso de drones con explosivos.
“Esta nueva técnica de drones con explosivos (...) es devastadora, que es a la vez letal, pero también como una especie de táctica de tierra quemada tecnológica”, afirmó Loya.
Loya señaló que estas condiciones afectan de manera diferenciada a poblaciones indígenas, campesinas, agricultoras y mestizas que viven en zonas rurales.
Entre los casos documentados se encuentra Atascaderos, en Guadalupe y Calvo, donde unas 600 personas se desplazaron hacia Parral en febrero de 2026. Según la misión, unas 200 regresaron a la comunidad en marzo, acompañadas por autoridades, pero sin un análisis de riesgo ni medidas de protección suficientes. Algunas tuvieron que desplazarse nuevamente o sufrieron violencia durante el retorno.
En El Manzano, en Uruachi, y Monterde, en Guazapares, las organizaciones documentaron desplazamientos ocurridos en 2015 y 2016 tras amenazas directas, reclutamiento forzado y asesinatos. Alrededor de 300 personas permanecen desplazadas, mientras que los responsables señalados por las víctimas continúan en las comunidades.
La misión también documentó la situación de Tamazula de Victoria, Durango, donde identificó a 368 personas desplazadas por bloqueos de rutas, desabasto de víveres y combustible, amenazas y reclutamiento forzado. Al menos 96 personas permanecían desplazadas en otros estados, entre ellos Chihuahua, Durango y Sinaloa, y algunas llegaron hasta Tijuana.
Niños entre los desplazados
La violencia también ha afectado a menores. Durante un encuentro con niños y adolescentes desplazados, un integrante de la comisión preguntó a una niña de 12 años si sabía por qué estaban ahí, y ella respondió: “Sí, por la guerra”.Nataniel Hernández, de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, señaló que los menores “perdieron su escuela, perdieron sus amigos, perdieron su territorio, perdieron la convivencia”.
Las organizaciones cuestionaron la respuesta institucional y recomendaron establecer una mesa interinstitucional permanente con participación de los gobiernos municipal, estatal y federal, así como de las personas desplazadas y organizaciones civiles.
También señalaron que las autoridades presionaban a personas desplazadas para que regresaran a sus comunidades, pese a la persistencia de las condiciones de riesgo.
Asimismo, pidieron fortalecer el protocolo estatal de atención, garantizar educación, vivienda y trabajo, combatir la impunidad y dar seguimiento a las investigaciones penales, además de establecer soluciones duraderas para las familias desplazadas.
Hernández sostuvo que cualquier retorno debe ser voluntario, sostenible y digno, con condiciones mínimas de seguridad, y rechazó que las familias regresen mientras persistan grupos criminales, ataques o amenazas.
El informe plantea que el desplazamiento forzado interno no debe abordarse solo como una emergencia humanitaria, sino mediante una estrategia que atienda las causas de la violencia, garantice la protección de las víctimas y establezca responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno.
Con información de EFE.
