El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la imposición de sanciones contra tres funcionarios y nueve empresas y entidades en Cuba, como parte de las medidas del gobierno estadounidense contra la isla comunista.
Los tres funcionarios sancionados están vinculadas al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP). Se trata de su vicepresidenta, Noemí Rabaza; su directora para Norteamérica, Leima Martínez; y el presidente de la organización, Fernando González Llort, según informó el Tesoro en un comunicado publicado el 20 de agosto.
El secretario de Estado, Marco Rubio, explicó en otro comunicado del Departamento de Estado que estas sanciones están dirigidas a actores del régimen cubano asociados "a redes subversivas marxistas y a prácticas económicas corruptas".
Además, Rubio describió al ICAP como una de las principales organizaciones involucradas en los esfuerzos que, según el funcionario, el régimen cubano ha utilizado durante décadas para “infiltrar, corromper y radicalizar” a estadounidenses mediante grupos fachada.
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Además de los tres funcionarios, fueron sancionadas cuatro empresas del sector metalúrgico: Acinox Comercial, Geominsal, Metalcuba y la Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara.
A la lista se suman el Ministerio de Construcción y la Agencia de Contratación a Representaciones Comerciales S.A.
También fueron sancionadas Coratur S.A., Transimport y Consumimport.
De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ocho de las nueve entidades económicas designadas son empresas estatales cubanas, mientras que el Ministerio de Construcción figura directamente como una entidad gubernamental. Las empresas están vinculadas a sectores como la minería, producción y comercialización de metales, níquel, construcción, turismo y comercio exterior.
La OFAC también señala que Coratur, Transimport y Consumimport están vinculadas al Grupo Empresarial del Comercio Exterior de Cuba.
"Las designaciones de hoy dejan claro que la Administración Trump no tolerará los esfuerzos del régimen cubano para financiar su represión o continuar su campaña de décadas de actividades antiamericanas subversivas", agregó Rubio.
Rubio advirtió además que cualquier persona, empresa u organización que apoye, patrocine o preste servicios a los actores sancionados también podría ser objeto de sanciones.
"Los bancos extranjeros y otras empresas que proporcionen servicios a, o mantengan fondos para estas entidades deben tomar medidas inmediatas para cesar su apoyo", escribió en X.
El secretario de Estado señaló que, durante mucho tiempo, el régimen cubano ha patrocinado una vasta red subversiva en Estados Unidos con el fin de “identificar, cultivar y radicalizar a los subversivos” mediante un supuesto intercambio educativo y cultural.
Rubio afirmó que, a través de estas redes, el gobierno cubano se ha dedicado a exportar “el marxismo, el resentimiento racial y la violencia comunista en todo el mundo”.
El ICAP ya había sido incluido en la lista de sanciones de OFAC el 4 de junio de 2026. En la actualización publicada este jueves, el Tesoro incorporó además a tres de sus principales dirigentes: González Llort, Rabaza y Martínez.
El Departamento de Estado de EE. UU. identifica a González Llort como un exintegrante de la red de espionaje cubana conocida como “Wasp Network”, cumplió 15 años de prisión en Estados Unidos por su participación en dicha estructura.
Con las nuevas designaciones, Washington amplía la presión sobre estructuras políticas y económicas vinculadas al gobierno cubano, al combinar sanciones contra dirigentes del ICAP con medidas dirigidas a empresas estatales de sectores estratégicos de la economía de la isla.
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