Opinión
Las demandas colectivas han desempeñado un papel fundamental en la transformación de la sociedad desde que surgió el modelo moderno de este tipo de litigio en 1966. Fue entonces cuando se modificaron las Reglas Federales de Procedimiento Civil de los Estados Unidos para establecer el mecanismo de exclusión voluntaria (opt-out).
Hasta ese momento, las demandas colectivas requerían que los individuos se inscribieran proactivamente en el litigio para formar parte de él. Esto suponía un obstáculo importante para los grupos desfavorecidos. Las personas pobres, marginadas o con escasa formación —ya fuera jurídica o de otro tipo— debían tener conocimiento de que se había iniciado una demanda colectiva en su nombre y, posteriormente, localizar a los abogados encargados del caso. Además, podían temer represalias por parte de los poderosos intereses que se oponían a dichas reclamaciones.
Esas preocupaciones quedaron disipadas con la invención del mecanismo de exclusión voluntaria (opt-out). Este incluye automáticamente en una demanda colectiva a cualquier persona que cumpla con la definición del grupo afectado, tal como fue establecida por los abogados del caso y certificada por un juez. Para quedar fuera del litigio se requiere una acción expresa de exclusión, por lo que el mecanismo abarca a la totalidad de los integrantes del grupo.
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Este cambio revolucionario aumentó exponencialmente la fuerza de los litigios colectivos. Es cierto que hubo éxitos anteriores —destacando el caso: Brown contra el Consejo de Educación de 1954, una consolidación de cinco demandas colectivas distintas en las que la Corte Suprema de EE. UU. falló en contra de la segregación racial de los estudiantes en las escuelas—, pero el verdadero potencial de la demanda colectiva no se desplegó plenamente hasta que se introdujo esta modificación procesal, sencilla a la vez que creativa.
Canadá tardó en seguir este camino. Quebec fue la primera provincia en adoptar leyes similares sobre demandas colectivas en 1978, seguida por las demás provincias; Ontario lo hizo concretamente en 1992. La expansión global de esta herramienta jurídica continúa: recientemente, la Unión Europea aprobó la Directiva de 2020 relativa a las acciones de representación, la cual obliga a todos los Estados miembros a implementar legislación sobre demandas colectivas en defensa de los consumidores.
Las demandas colectivas han permitido obtener indemnizaciones e impulsaron reformas legales frente a una amplia gama de perjuicios, que van desde las malas prácticas empresariales hasta las infracciones en materia de políticas públicas.
El amianto ya no se utiliza en la construcción de viviendas, se prohibió fumar en lugares públicos y los Ford Pinto ya no explotan tras un impacto; todo ello, en gran medida, gracias a litigios colectivos. Asimismo, se creó un fondo multimillonario para los pueblos indígenas que sufrieron abusos en las escuelas residenciales.
El sistema sanguíneo canadiense fue reestructurado gracias a las víctimas de sangre contaminada que contrajeron VIH y hepatitis C a través de transfusiones. Los cambios estructurales —que retiraron la gestión del programa de sangre a la Cruz Roja Canadiense para transferirla a Canadian Blood Services y Héma-Québec— surgieron en parte de trece demandas colectivas y de las conclusiones de la Comisión de Investigación Pública Krever; sin embargo, los paquetes de indemnización establecidos por las provincias para las víctimas se originaron principalmente a raíz de dichas demandas colectivas.
No obstante, los litigios colectivos no pueden sustituir a una política pública adecuada. Solo las políticas públicas pueden prevenir los daños sociales. Por lo general, los litigios impulsan reformas e indemnizaciones únicamente después de que el daño está hecho . Las reformas estructurales se negocian en privado entre abogados y carecen del intenso debate público que acompaña a las reformas legislativas, lo que podría poner en riesgo el interés público general en aras del beneficio económico. Aun así, la demanda colectiva ha demostrado ser una herramienta valiosa que facilita el acceso a la justicia y actúa como vehículo para la reforma social y jurídica.
Mientras afrontamos las posibles repercusiones sociales de las redes sociales y la inteligencia artificial (IA), ¿Qué nos depara el futuro en cuanto a litigios relacionados con estos dos pilares del mundo posmoderno?
El futuro ya está aquí. Las demandas colectivas relacionadas con las redes sociales y la IA ya se multiplican rápidamente. Y esto sucede incluso antes de que la IA haya alcanzado su pleno potencial y —como algunos dirían— su capacidad destructiva y desestabilizadora total.
