Opinión
Apenas unas semanas después de que candidatos de extrema izquierda lograran victorias sorprendentes en las primarias demócratas para el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos en Pensilvania, Florida, Michigan, Colorado y la ciudad de Nueva York, el partido Alternativa para Alemania (AfD) obtuvo una victoria ampliamente pronosticada en las elecciones recién celebradas para la legislatura de Sajonia-Anhalt, uno de los 16 estados federados de Alemania.
La mayoría de los cargos electos demócratas cerraron filas en torno a sus candidatos de extrema izquierda, aun cuando la plataforma nacional de los Socialistas Democráticos de América aboga por la abolición de la policía, las prisiones y las agencias de control migratorio. En cambio, los partidos tradicionales de Alemania —demócratas cristianos, socialdemócratas, liberales y verdes— prometieron seguir considerando a la AfD como un grupo de "extrema derech" y no apoyar ninguna coalición con dicha formación.
Alemania, en sus loables esfuerzos por evitar que se repita su pasado nazi o que surja simpatía por él, impone límites a la actividad política que a los estadounidenses les parecerían atroces. Asimismo, en sus inicios durante la década de 2000, la AfD contaba —tal como explica Christopher Caldwell en First Things— con miembros y dirigentes que sostenían posturas inquietantes.
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En la actualidad, algunos de sus líderes mantienen opiniones que muchos podrían considerar detestables, como apoyar a Rusia frente a Ucrania; sin embargo, parece menos probable que este partido —en comparación con algunas formaciones europeas de izquierda— cruce la línea que separa la crítica a Israel de la incitación al odio contra los judíos.
El argumento de los partidos tradicionales para aislar hoy a la AfD se centra en una cuestión concreta: la misma que ha permitido a la formación superar a los partidos convencionales en las encuestas nacionales: la inmigración. Como señala Caldwell: "La sección de la AfD en Sajonia-Anhalt fue clasificada como 'extremista de derecha confirmada' debido a su concepción étnica de la ciudadanía alemana".
La AfD no es el único partido europeo calificado de "extrema derecha" —por parte de instituciones del establishment, como la revista The Economist (con sede en Londres) y la mayoría de los principales medios de comunicación del continente— debido a su defensa de limitar la inmigración.
El establishment ha visto con buenos ojos la inmigración —incluida la procedente de países musulmanes de Medio, Oriente el norte de África, el África subsahariana y el sur de Asia— como un impulso económico para una Europa cuyas bajas tasas de natalidad autóctona redujeron el crecimiento económico hasta niveles cercanos a cero y pusieron en peligro la financiación de sus generosos sistemas de pensiones de jubilación y atención en salud.
Los votantes no se han dejado convencer. En Alemania, el partido AfD —cuya fuerza se concentra en la antigua Alemania Oriental— encabeza las encuestas nacionales por delante de los demócratas cristianos (que han liderado el gobierno la mayor parte del tiempo desde 1949) y de los socialdemócratas (cuyas raíces se remontan a la década de 1880).
En Francia, Marine Le Pen, del Frente Nacional, lidera con amplio margen los sondeos tanto para la primera vuelta como para la segunda de las elecciones presidenciales de 2027, a pesar de haber sido marginada durante meses por una resolución judicial amañada por el establishment. Un asunto que podría beneficiarla es la ayuda para el aire acondicionado, una medida que, durante este verano caluroso, los intelectuales han tachado de abominación estadounidense.
En el Reino Unido, el recién nombrado primer ministro Andy Burnham —impulsado por su popularidad en Manchester— logró que su partido supere en intención de voto al Partido Reformista de Nigel Farage. Sin embargo, su formación, pese a su nombre y trayectoria, sigue perdiendo terreno en muchas zonas de clase trabajadora y depende del apoyo de la zona metropolitana de Londres, caracterizada por sus altos niveles de ingresos, formación académica e inmigración.
En cuanto a Italia —la cuarta democracia europea más poblada—, su primera ministra, Giorgia Meloni (inicialmente tachada de candidata marginal de extrema derecha), celebró a principios de este mes haber alcanzado el récord de permanencia en el cargo de jefe de gobierno en la historia de la República.
¿Qué tienen en común Le Pen, Farage y Meloni? Sus objeciones a la inmigración, y especialmente a la inmigración musulmana. Objeciones para las cuales existen fundamentos razonables.
En Alemania, la excanciller demócrata-cristiana Angela Merkel abrió unilateralmente las puertas a más de un millón de migrantes —en su mayoría hombres jóvenes— en 2015 y, frente a las protestas, insistió con la frase "Wir schaffen das": "podemos con esto". Sin embargo, a medida que la población nacida en el extranjero en Alemania aumentó de 8.1 millones en 2014 a 13.4 millones en 2022, los delitos violentos se dispararon (pese a los intentos de los medios de comunicación por ocultarlo) y los inmigrantes provocaron un descenso en los resultados académicos de los estudiantes de secundaria.
Tampoco ha impulsado el crecimiento económico la afluencia de inmigrantes musulmanes, ya que la economía alemana se ve lastrada por unos costos energéticos elevados y autoimpuestos, mientras los competidores chinos amenazan a su industria automotriz. Los argumentos económicos del establishment a favor de una inmigración masiva se desmoronaron.
Lo que más me desconcierta en este caso es la evidente convicción del establishment europeo —y cabría añadir que también la de sus homólogos estadounidenses— de que oponerse a la inmigración masiva procedente de entornos culturalmente distintos equivale moralmente, de algún modo, al Holocausto. ¿Por qué excluir de su país a personas que, podría decirse, son inasimilables equivale moralmente a asesinar a millones y millones de personas?
Sí, ambas políticas pueden surgir del rechazo a ciertas características que se presume comparten tanto los excluidos como los masacrados —llámese intolerancia si se quiere, y es válido señalar que no todos los miembros de un grupo comparten los rasgos del promedio de dicho grupo—. Pero cuando tales características tienden a socavar la convivencia —cada vez mejor, por lo general— que han mantenido los pueblos de Europa y América a lo largo de la vida de quienes nacimos durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no es razonable que la gente quiera actuar con cautela a la hora de modificar la composición cultural?
Sobre todo en Europa, donde las poblaciones no logran aún asimilar a los recién llegados con el mismo éxito que en Estados Unidos. Y tal vez también en Estados Unidos, donde corremos el riesgo de olvidar o menospreciar los logros de nuestros antepasados en este ámbito.
A mi juicio, un buen consejo proviene de Noah Smith, economista liberal radicado en San Francisco. "El liberalismo", escribe en su boletín de Substack, "necesita una nueva filosofía sobre la inmigración".
Los votantes de AfD —sostiene, teniendo claramente en mente a los votantes estadounidenses de Trump— no se limitan a protestar contra las restricciones por COVID-19 ni a reaccionar ante la "desesperación económica", como han argumentado algunos de sus colegas liberales. Se trata de "ira por la inmigración".
Pero los liberales deben reconocer ciertos principios, argumenta Smith. Que "la migración no es un derecho humano". Que "las leyes de inmigración son legítimas". Que "la inmigración a Estados Unidos debe redundar en beneficio de los estadounidenses".
El establishment europeo perdió de vista estos principios cuando celebró que Merkel permitiera la entrada de más de un millón de personas, entre ellas decenas de miles de hombres jóvenes que consideran moralmente aceptable violar a mujeres que no llevan hiyab. El establishment estadounidense perdió de vista estos principios cuando la política de fronteras abiertas de la administración Biden permitió que la población nacida en el extranjero aumentara (según datos de la Oficina del Censo) en 8.3 millones en cuatro años, frente a los 6.3 millones registrados durante los ocho años del expresidente Barack Obama y los 1.6 millones de los primeros cuatro años del presidente Donald Trump.
Esto deja una cantidad inquietantemente elevada de personas en situación irregular en el país. A menudo sostengo que —al tiempo que abogaba por la regularización de muchos inmigrantes ilegales, aunque no de todos— resulta perjudicial tanto para el país como para los propios individuos que haya un gran número de personas residiendo aquí ilegalmente. Sigo considerando que es un argumento válido hoy en día.
Y tal vez esa postura esté surtiendo efecto. Según informa la Oficina del Censo, durante los primeros 20 meses de la segunda administración Trump, la población nacida en el extranjero en Estados Unidos se redujo en 2.8 millones. La agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no explica ni la mitad de esa cifra; evidentemente, algunos inmigrantes ilegales optan por marcharse antes de verse obligados a hacerlo.
Además, tal como Smith señala a sus colegas liberales, Alemania está endureciendo los requisitos para obtener la ciudadanía, Francia e Italia están reforzando los controles fronterizos, la Unión Europea está endureciendo las normas de asilo, Canadá está recortando la inmigración y Suecia está ofreciendo incentivos económicos a los migrantes que deciden marcharse. Ya no tiene sentido que Alemania aísle al partido AfD, como si este tuviera la intención de enviar a los migrantes a las cámaras de gas. Y si los partidos contrarios a la inmigración cuentan con miembros de dudosa reputación, bueno, ese es un problema que también afecta a otros partidos políticos (¿o acaso a todos?).
Las opiniones expresadas en este artículo pertenecen al autor y no reflejan necesariamente el punto de vista de The Epoch Times.
