El 5 de noviembre, la Corte Suprema de EE. UU. parecía dividida sobre si mantener o no una gran parte de los aranceles del presidente Donald Trump frente a los cuestionamientos sobre su legalidad.
Durante la audiencia oral, que duró más de dos horas y media, muchos de los jueces hicieron preguntas que dejaban entrever que consideraban que el gobierno de Trump estaba interpretando de manera demasiado amplia una ley de poderes de emergencia aprobada por el Congreso y que el presidente podría estar violando la separación de poderes del país.
Sin embargo, las preguntas de algunos de los magistrados indicaban que el Congreso pretendía otorgar a los presidentes amplios poderes ante situaciones de emergencia.
Esa ley permite a los presidentes tomar diversas medidas, incluida la regulación de las importaciones, en respuesta a una emergencia declarada. No incluye la palabra "aranceles". Se espera que la Corte Suprema emita un fallo no solo sobre si la ley permite a los presidentes imponer aranceles, sino también sobre si los aranceles de Trump en particular están autorizados por la ley.
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Durante la audiencia, los jueces preguntaron sobre algo conocido como la doctrina de las cuestiones importantes, que establece que los organismos administrativos necesitan una autorización clara del Congreso antes de tomar decisiones de gran importancia económica o política.
El fiscal general de Estados Unidos, D. John Sauer, dijo a la corte que la doctrina no se aplicaba a los aranceles de Trump porque estos pertenecían al ámbito de las relaciones exteriores, en el que los presidentes suelen tener más discreción.
