El director del FBI, Kash Patel, comunicó a los senadores el 15 de septiembre que la Administración Trump está colaborando con el Congreso para seguir abordando el turismo de maternidad.
Durante una sesión de supervisión de la Comisión Judicial del Senado, se le pidió a Patel que informara sobre los esfuerzos actuales del FBI en relación con el turismo de maternidad. El turismo de maternidad es la práctica de entrar en Estados Unidos con un visado de turismo con la intención de dar a luz y, de este modo, garantizar la ciudadanía estadounidense automática para el niño.
"Estamos aplicando las leyes federales vigentes en este momento y colaboramos con nuestros socios en el Congreso para elaborar una nueva legislación que nos otorgue nuevas competencias que nos permitan combatir esta amenaza", dijo Patel durante la audiencia de supervisión.
El presidente Donald Trump emitió un decreto ejecutivo en enero de 2025 para poner fin a la ciudadanía automática por nacimiento de los hijos de inmigrantes ilegales y de los titulares de visados temporales nacidos en Estados Unidos.
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Sin embargo, la Corte Suprema dictaminó el 30 de junio que el decreto del presidente era inconstitucional. La corte determinó, en el caso "Trump contra Bárbara", que los niños nacidos de padres que se encuentran en Estados Unidos de forma ilegal o temporal son ciudadanos desde su nacimiento, en virtud de la 14.ª Enmienda.
La Administración Trump ha definido oficialmente el "turismo de maternidad" como la entrada de una persona extranjera en Estados Unidos con un visado de no inmigrante con la intención de dar a luz en territorio estadounidense, o los esfuerzos de una persona extranjera por facilitar dicha entrada en Estados Unidos.
"Queremos que los Estados Unidos de América estén abiertos a la inmigración legal y no a la ilegal y vamos a seguir trabajando con ese objetivo y colaborando con nuestros socios en el Congreso", dijo Patel durante la audiencia del Senado celebrada el 15 de septiembre. "Les hemos pedido más recursos y medidas legislativas y necesitamos un refuerzo en ese sentido".
The Epoch Times se puso en contacto con la Casa Blanca para recabar comentarios sobre la iniciativa legislativa, pero no recibió respuesta antes de la hora de publicación.
Las declaraciones de Patel se produjeron en respuesta a una pregunta de la senadora Marsha Blackburn (R-Tenn.), quien dijo el 15 de septiembre que estaba trabajando en el Congreso para dotar a Trump de herramientas adicionales con las que acabar con el "turismo de nacimiento".
Tras la sentencia de la Corte Suprema, Blackburn y un grupo de senadores republicanos presentaron en julio una versión revisada de la Ley de Prohibición del Turismo de Nacimiento. Según la oficina de Blackburn, la legislación eliminaría las lagunas jurídicas que los extranjeros pueden aprovechar para convertirse en ciudadanos estadounidenses.
Blackburn señaló que su proyecto de ley modificaría la Ley de Inmigración y Nacionalidad para "dejar claro que cualquier extranjero que participe en el turismo de nacimiento no es admisible en el país". En virtud de la legislación, esas personas también serían susceptibles de ser deportadas si se les localizara en Estados Unidos, dijo la senadora.
Después de que la Corte Suprema anulara el decreto ejecutivo de Trump contra la ciudadanía por nacimiento, el Departamento de Justicia ordenó a los fiscales federales que dieran prioridad a las investigaciones sobre las tramas de turismo de nacimiento.
En un memorándum dirigido a los empleados del departamento se indicaba que las personas que llegaran a Estados Unidos bajo «pretextos» para dar a luz en territorio estadounidense y garantizar la ciudadanía estadounidense a sus hijos podrían enfrentarse a cargos penales.
"El Departamento de Justicia protegerá con celo la inviolabilidad de la ciudadanía estadounidense investigando y procesando a quienes se aprovechen de forma fraudulenta de nuestro sistema de inmigración", escribió en el memorándum el fiscal general adjunto Colin McDonald, de la División Nacional de Lucha contra el Fraude del Departamento de Justicia.
Trump emitió dos órdenes ejecutivas el 6 de agosto para restringir la ciudadanía automática a los niños nacidos en Estados Unidos cuyos padres estuvieran autorizados legalmente a permanecer en el país solo de forma temporal o se encontraran en el país de forma ilegal.
Una de las órdenes ejecutivas, titulada "Seguir protegiendo el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense", fue finalmente bloqueada por la jueza Deborah Boardman, de la corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Maryland, el 2 de septiembre.
"El presidente ha intentado, mediante un decreto ejecutivo, trastocar la arraigada tradición de nuestro país en materia de ciudadanía por nacimiento y eliminar, para amplios sectores de la población estadounidense, el derecho a la ciudadanía por nacimiento, un derecho consagrado en la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda", dijo Boardman.
La jueza señaló que su fallo impedía a la Administración Trump "tomar cualquier otra medida para interferir, denegar o no reconocer la ciudadanía" de los hijos de ciudadanos extranjeros que se encuentran en Estados Unidos de forma temporal o irregular.
Boardman también sugirió que la orden ejecutiva era "casi con toda seguridad inconstitucional" a raíz de la sentencia de la Corte Suprema de junio.
El Centro de Estudios sobre Inmigración estima que cada año nacen en Estados Unidos entre 20,000 y 26,000 bebés de mujeres extranjeras que practican el "turismo de maternidad".
Sin embargo, el Centro Niskanen, un grupo de expertos con sede en Washington, ha rebatido esta estimación, alegando que cuenta por duplicado a unas 10,000 madres e incluye a "decenas de miles de residentes de larga duración que no pueden ser en absoluto turistas de maternidad".
