A casi ocho meses de la desaparición forzada de 10 mineros en Sinaloa, autoridades mexicanas detuvieron a dos presuntos miembros de “Los Chapitos”, vinculados con este crimen. La facción forma parte del cártel de Sinaloa, designado como terrorista por el gobierno de EE. UU. en 2025.
La Secretaría de la Defensa Nacional informó el 8 de septiembre sobre la captura de Ángel Gabriel "N", alias “Tronco”, y Milton Yair "N" en la misma ciudad donde desaparecieron los mineros de la empresa canadiense Vizsla Silver Corp.
Los dos individuos estarían vinculados con el secuestro de dichos trabajadores, registrado en enero en el municipio de Concordia, en el estado de Sinaloa. Asimismo, las autoridades los identifican como integrantes de “Los Menores”, célula relacionada con Óscar Luciano Martínez Larios, alias “Casco”, señalado como jefe regional de “Los Chapitos”.
Durante su detención, se les aseguraron dos armas largas, un lanzagranadas, así como cargadores y municiones de diversos calibres. También se les aseguró droga y equipo táctico.
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Ambos sospechosos, así como el armamento y la droga incautada, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, Sinaloa, para determinar su situación jurídica e integrar la carpeta de investigación correspondiente.
La desaparición de los 10 mineros aconteció a finales de enero mientras trabajaban en el complejo minero de Pánuco, un proyecto de la empresa canadiense Vizsla Silver Corp., ubicado en una pequeña comunidad de Concordia.
Durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum el 30 de enero, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que la sustracción de los mineros —a la que catalogó como “un caso de extorsión a gran escala”— ocurrió el 24 de enero.
Harfuch detalló que no existía ningún tipo de amenaza previa contra los trabajadores; sin embargo, señaló que en la región operaba una célula delictiva vinculada a Los Chapitos y agregó que se tenía identificado a uno de los líderes que operaban en la zona y que se encontraban en su búsqueda.
Para el 9 de febrero, las autoridades hallaron los cadáveres de 5 de los 10 mineros en una fosa clandestina en la localidad de El Verde, del municipio de Concordia; no obstante, no se detallaron las causas de su muerte.
Asimismo, el 27 de febrero el secretario de Seguridad informó durante la conferencia de la presidenta sobre la detención de cuatro personas señaladas como presuntas responsables de las desapariciones.
Entre los detenidos, destacó a Jesús Abel “N”, promotor de la violencia en Concordia, a quien se le vinculó con dicha facción del cártel de Sinaloa. El secretario detalló que es responsable de los delitos de extorsión, homicidio, robo de hidrocarburo, tráfico de drogas y armas.
Posteriormente, el 6 de abril, la empresa minera canadiense informó a través de un comunicado que hasta entonces ya se había localizado a 9 de los 10 mineros, todos sin vida. Hasta el momento, sigue desaparecido un minero.
El caso de los mineros se enmarca en la crisis de seguridad que azota a Sinaloa desde 2024, derivada de la disputa interna del cártel de Sinaloa entre las facciones de Los Guzmán y Los Zambada.
En febrero de 2025, EE. UU. designó al cártel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera (FTO), además de incluirlo en su lista de Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT).
Como reflejo de esta violencia, la plataforma Red Lupa —del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C.— informa que hasta mayo de 2026, el estado acumulaba 7245 personas desaparecidas.
En esta línea, el 27 de abril, tras los cuestionamientos sobre presuntos vínculos de la minera canadiense en Concordia con el crimen organizado, la presidenta respondió que no se tiene “ninguna certeza de que así sea”.
“Tienen que hablar con la autoridad —en caso de que haya alguna amenaza, alguna solicitud o algún delito—, tanto con las fiscalías estatales, con la Fiscalía General de la República o el Gabinete de Seguridad”, expresó la mandataria.
Indicó que ha habido denuncias que señalan que se utiliza a la delincuencia organizada “para resolver problemas internos de los trabajadores”.
Más allá de la agenda de seguridad, la ejecutiva enfatizó que otro de los ejes prioritarios con el sector extractivo canadiense radica en la responsabilidad ecológica, y señaló que el tema central con las mineras de ese país “es que cumplan con los criterios ambientales y las medidas de mitigación y remediación que cumplen en Canadá y que muchas veces no cumplen en México”.
Agregó que sobre esto ya había hablado con el primer ministro canadiense, Mark Carney.
Al respecto, informó que la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Alicia Bárcena, envió un informe sobre las problemáticas de las mineras canadienses en territorio nacional que registran pendientes en la materia, tema que se encuentra bajo la revisión de la Profepa y la Semarnat.
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