Según los expertos, el régimen chino sigue utilizando la violencia de Estado para reprimir la libertad religiosa, al mismo tiempo que ejerce coerción política contra los abogados defensores de los derechos humanos.
Human Rights Watch informó el 9 de septiembre que, en la primera mitad de 2026, más de una docena de ciudades de China introdujeron medidas para recompensar a los ciudadanos por denunciar actividades religiosas "ilegales", a medida que las autoridades intensifican la vigilancia en todo el país.
El grupo de derechos humanos citó el caso de la abogada china Ruth Wang como el ejemplo más reciente. Ella huyó a Taiwán el 2 de septiembre después de que las autoridades amenazaran con cerrar el bufete de abogados VDoor, del que es socia.
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VDoor representa a miembros de la Iglesia de Sión, una de las iglesias clandestinas más grandes de China.
Wang dijo a The Associated Press el 4 de septiembre que funcionarios chinos le dijeron a ella y a sus colegas debían disolver el bufete por su cuenta o atenerse a un cierre forzado.
"Creo que sin duda afectará seriamente mi desarrollo profesional y otros aspectos de mi vida", dijo.
Shen Ming-shih, investigador del Instituto de Investigación para la Defensa y la Seguridad Nacional de Taiwán, dijo a The Epoch Times que "la decisión de Wang de solicitar asilo durante una escala en Taipéi refleja el uso continuado por parte del régimen de la violencia estatal o de métodos sistemáticos para reprimir la libertad religiosa".
El Partido Comunista Chino (PCCh) detuvo al fundador y pastor de la Iglesia de Sión, Ezra Jin Mingri, junto con varios feligreses, en octubre de 2025. Fue liberado en julio después de que Washington y Beijing mantuvieran conversaciones diplomáticas de alto nivel.
Ezra Jin Mingri, fundador y pastor principal de la iglesia Zion en Beijing, se sienta en el salón de la congregación de la iglesia protestante no oficial en Beijing el 28 de agosto de 2018. (Thomas Peter/Reuters).Sin embargo, Shen señaló que la liberación de Jin no indica una mejora del ambiente religioso en China, dado que la represión generalizada del régimen también afecta a los abogados que defienden a los grupos religiosos.
"La estrategia de Beijing consiste en eliminar a sus asesores legales, dejando a todas las organizaciones religiosas completamente aisladas y sin voz", dijo Shen.
China reconoce cinco religiones —budismo, catolicismo, islam, protestantismo y taoísmo— a través de "asociaciones religiosas patrióticas", pero "restringe severamente a los grupos religiosos y controla minuciosamente sus asuntos", dijo Vicky Hartzler, presidenta de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, en una audiencia en octubre de 2025.
Tseng Chien-yuan, profesor asociado adjunto de la Universidad Nacional Central de Taiwán, explicó que Beijing solo permite iglesias sancionadas por el Estado, ya que impulsa agresivamente la "sinización", reescribiendo textos como la Biblia y el Corán para "interferir de forma tosca en la fe", al tiempo que exige lealtad absoluta a los grupos religiosos.
"Su veneración forzada del régimen comunista y del líder chino Xi Jinping funciona exactamente como una religión, con Xi actuando como líder supremo", dijo Tseng a The Epoch Times.
Añadió que la represión del PCCh contra Wang elude por completo los procedimientos legales habituales.
"Al presionar directamente a la empresa para que se disuelva, el régimen está ejerciendo una coerción política brutal contra la profesión".
El Poder judicial al servicio de la represión
Shen explicó que, bajo el mandato de Xi, el régimen ejerce un control total sobre los abogados de derechos humanos en nombre del "mantenimiento de la estabilidad"."La represión del ‘artículo 709’, ocurrida hace más de una década, demuestra que, aunque Beijing hace hincapié en el ‘estado de derecho integral’, esta ley está dictada enteramente por el Partido", dijo.
La "represión del 709" fue una amplia campaña de arrestos que tuvo lugar el 9 de julio de 2015, cuando las autoridades chinas detuvieron a cientos de abogados y disidentes en 23 provincias, un episodio que los analistas consideraron en general como un retroceso judicial para China.
Abogados y activistas se reúnen en una protesta silenciosa frente al Tribunal de Apelación Final de Hong Kong, con motivo del cuarto aniversario de la represión del "709" contra abogados de derechos humanos en toda China, el 9 de julio de 2019. (Anthony Wallace/AFP/Getty Images).Shen señaló que el caso de Wang refleja la campaña más amplia del régimen para someter a la profesión jurídica, ya que defender a los grupos marginados supone un desafío inherente a su autoridad.
El uso de los controles fronterizos como un arma
Shen indicó que es probable que Beijing esté furioso por la decisión de Wang, ya que podría considerar la fuga como una mancha en su imagen nacional, y que podría recurrir a mecanismos legales para evitar que se repita."Aunque Taiwán carece de leyes de asilo o de protección a los refugiados, la experiencia demuestra que la isla ayuda a los solicitantes de asilo a reasentarse en Estados Unidos, Canadá o Europa", explicó.
"El régimen considerará el enfoque de Taiwán como una ‘colusión con fuerzas extranjeras’ e intensificará los controles de viajes internos mediante sus nuevas regulaciones de entrada y salida".
El 31 de julio, Beijing dio a conocer nuevas normas fronterizas. En agosto, analistas dijeron a The Epoch Times que el Estado podría aprovechar estas medidas para restringir la salida de los ciudadanos sin ofrecer una razón clara.
Usuarios del transporte público utilizan las escaleras mecánicas de una estación de metro en Beijing el 10 de julio de 2024. (Wang Zhao/AFP vía Getty Images).Para evitar fugas similares, las autoridades chinas otorgarán mayor autoridad a las agencias de nivel inferior y ampliarán de forma agresiva las listas de vigilancia fronteriza, según Shen.
"Por ejemplo, es probable que a cualquier persona relacionada con Wang o la Iglesia de Sión se le prohíba salir del país, lo que normaliza el estricto proceso de aprobación", dijo.
"Beijing utilizará todos los medios posibles para mantener a estos ‘elementos inestables’ dentro del país, reforzando aún más su control sobre la disidencia y la libertad personal".
Tseng estuvo de acuerdo.
"Los intelectuales que tengan mayor acceso a información externa se enfrentarán a estrictas restricciones en su capacidad para viajar", dijo Tseng.
"Para preservar el control del régimen sobre el poder, considera la estabilidad social como una de sus máximas prioridades".
