Una jueza de una corte de distrito desestimó el 27 de marzo la demanda de la Administración Trump contra las leyes de Minnesota que permiten a los inmigrantes ilegales pagar tasas de matrícula estatales, o en algunos casos quedar exentos de ellas, para cursos universitarios, dictaminando que la ley estatal no viola la ley federal.
La jueza Katherine Menéndez, de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Minnesota, acogió la moción del estado para desestimar la demanda del Departamento de Justicia, presentada el 25 de junio de 2025, al considerar que las normas sobre la matrícula estatal no discriminaban a los ciudadanos.
"Como señalan los demandados, hay múltiples formas en que un estudiante podría optar a la matrícula de residente sin residir en Minnesota, como asistir a un instituto de Minnesota mientras vive en un estado vecino, o asistir a un internado de Minnesota", escribió Menéndez en la sentencia.
El gobierno federal demandó al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y a otros funcionarios estatales por las leyes del estado que permiten a los extranjeros recibir una matrícula universitaria más baja o gratuita.
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La ley de Minnesota establece que cualquier estudiante, salvo los extranjeros no inmigrantes, puede optar a la matrícula de residente en las universidades y centros de enseñanza superior estatales si asiste a un instituto del estado durante al menos tres años y se gradúa en un instituto estatal u obtiene un título equivalente al de secundaria.
La ley también establece que los inmigrantes ilegales deben presentar al estado pruebas de que han cumplido con los requisitos federales de registro en el servicio selectivo y de que han solicitado obtener un estatus migratorio legal para poder optar a la matrícula estatal.
En la demanda, el Departamento de Justicia alegó que la política del estado de ofrecer matrícula reducida y gratuita a los inmigrantes ilegales discriminaba ilegalmente a los ciudadanos estadounidenses.
El Palacio de Justicia Diana E. Murphy de Estados Unidos en Minneapolis, el 13 de junio de 2024. (Michael Goldberg/AP) Photo"No se puede permitir que ningún estado trate a los estadounidenses como ciudadanos de segunda clase en su propio país ofreciendo beneficios económicos a los extranjeros ilegales", dijo la exfiscal general de EE. UU., Pam Bondi, al momento de presentar la demanda.
Según el Departamento de Justicia, la ley federal prohíbe a las instituciones de enseñanza superior ofrecer a los inmigrantes beneficios de educación superior que no se ofrezcan a los ciudadanos estadounidenses.
El Departamento de Justicia y las oficinas de Walz y Ellison no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre la decisión.
