Una iniciativa de las fuerzas del orden en Memphis, Tennessee, logró localizar a 189 niños desaparecidos y detener a 12,747 personas durante el último año; se prevé que la tasa general de criminalidad alcance su nivel más bajo en 25 años, según informó la Casa Blanca este martes.
Las detenciones efectuadas por el grupo de trabajo Memphis Safe Task Force —una iniciativa interinstitucional establecida mediante un memorando presidencial en septiembre de 2025— incluyen a 1408 miembros conocidos de pandillas, así como a 1363 personas arrestadas por delitos relacionados con narcóticos, 1276 por infracciones relativas a armas de fuego, 131 por homicidio y 125 por delitos sexuales, detalló la Casa Blanca con motivo del primer aniversario del grupo.
Entre las personas detenidas gracias a la labor de este grupo figura un joven de 19 años que fue formalmente acusado el 24 de mayo de delitos sexuales contra menores, incluida la violación de un menor, según un comunicado del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (U.S. Marshals Service) del 10 de junio. En enero, dicho servicio también anunció la localización y rescate de dos hermanos y un niño pequeño.
La delincuencia general en Memphis ha disminuido casi un 36 por ciento con respecto al año pasado, registrándose descensos significativos en varias categorías delictivas, entre ellas el robo de vehículos (un 57 por ciento menos), el hurto en tiendas (44 por ciento), los robos (42 por ciento), los homicidios (36 por ciento), las agresiones sexuales (28 por ciento) y las agresiones agravadas (26 por ciento), según informó la Casa Blanca.
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El memorando presidencial firmado el año pasado por el presidente Donald Trump señalaba que Memphis sufría "niveles enormes de delitos violentos".
Los objetivos del grupo de trabajo incluyen acabar con "la delincuencia callejera y violenta en Memphis" mediante medidas como una vigilancia policial intensiva, la saturación a gran escala de determinados barrios con efectivos de las fuerzas del orden y un enjuiciamiento enérgico, según indica el memorando.
Acusaciones de acoso
El 13 de mayo, cuatro residentes de Memphis presentaron una demanda contra varios funcionarios de la administración Trump, acusando a los agentes de un grupo de trabajo de incurrir en un "patrón alarmante de represalias, intimidación y acoso" en su contra.Según la demanda, los demandantes habían intentado recopilar información sobre las actividades del grupo de trabajo en la vía pública, en ejercicio de sus derechos amparados por la Primera Enmienda.
Los demandantes alegaron que los agentes del grupo de trabajo profirieron amenazas verbales, ejercieron intimidación física, dirigieron luces hacia cámaras y teléfonos para obstaculizar la grabación de sus actividades públicas, fotografiaron los rostros y las matrículas de los demandantes y utilizaron fuerza excesiva contra uno de ellos.
Ejemplos de pruebas incautadas presentadas durante una mesa redonda del grupo de trabajo Memphis Safe en Memphis, Tennessee, el 23 de marzo de 2026. (Roberto Schmidt/Getty Images).Los demandantes alegaron haber sufrido represalias y acoso mientras realizaban "actividades de recopilación de información y grabación protegidas constitucionalmente".
En un escrito presentado el 6 de julio para oponerse a la solicitud de los residentes de una medida cautelar, los demandados federales cuestionaron las alegaciones de los demandantes, argumentando que es poco probable que prosperen sus reclamaciones basadas en la Primera Enmienda.
"Las propias declaraciones de los demandantes evidencian que sus llamadas 'observaciones' implican con frecuencia intentos de interferir en las operaciones de las fuerzas del orden y obstaculizarlas; entre estas conductas se incluyen el desacato reiterado a órdenes, la negativa a cumplir múltiples instrucciones de alejarse de los perímetros establecidos, el seguimiento de agentes en sus vehículos e incluso, en el caso de una demandante, la resistencia al arresto mientras instaba a los transeúntes a interferir en su detención", señalaron los abogados del gobierno federal.
Interferir en las operaciones de las fuerzas del orden y obstaculizarlas no constituye una forma de expresión protegida, afirmaron en el escrito, añadiendo que las actuaciones de los agentes no impiden que una persona común ejerza su derecho a la libertad de expresión.
