Se ha imputado a cinco personas por participar en una trama para introducir de forma clandestina a inmigrantes ilegales en Estados Unidos aprovechando un programa de visas para trabajadores agrícolas.
Martha Aquino, de 61 años; Evangelina Aquino De Galván, de 49; Julio Cervantes, de 38; Marco Cervantes, de 41 años; y Juan Felipe Romero-López, de 31, están acusados de conspirar para manipular el programa de visas H-2A, según informó el Departamento de Justicia (DOJ) en un comunicado del 15 de septiembre.
El programa H-2A permite a los empresarios estadounidenses contratar a ciudadanos extranjeros para cubrir puestos de trabajo temporales en el sector agrícola.
Según el comunicado, los acusados obtuvieron de forma fraudulenta estas visas temporales, engañaron a las autoridades en relación con la residencia de los trabajadores y “exigían y recibían pagos indebidos de los trabajadores” a cambio de sus visas.
No leas más noticias. Entiéndelas.
En Epoch Times Español queremos estar en contacto directo contigo
Seleccionamos para ti lo que de verdad importa, sin ruido ni agendas. Es un canal abierto: si nos escribes, te respondemos.
Al parecer, los acusados confiscaron los documentos de identidad de los trabajadores, incluidos los pasaportes, y los amenazaron con violencia. Al caducar las visas, los conspiradores supuestamente permitieron a los trabajadores permanecer en el país e “incluso se ofrecieron a trasladarlos a otros lugares de Estados Unidos a cambio de pagos indebidos adicionales”, señaló el Departamento de Justicia.
Según la organización de defensa UFW Foundation, hasta la mitad de la mano de obra agrícola de Estados Unidos está compuesta por trabajadores inmigrantes en situación irregular. Una encuesta realizada el año pasado por la organización entre 2250 trabajadores agrícolas, la mayoría de ellos en situación irregular en Estados Unidos, reveló que alrededor del 80 % lleva más de 10 años viviendo en el país.
En caso de ser declarados culpables, cada uno de los acusados podría enfrentarse a una pena máxima de cinco años de prisión por conspiración para cometer fraude de visas. También se enfrentan a otros cargos, como el de incitar e inducir a la entrada ilegal y la posesión ilegal de armas de fuego, lo que podría acarrear penas de prisión adicionales.
Romero-López es un inmigrante ilegal procedente de México, y los otros cuatro son del estado de Georgia. Marco Cervantes, Julio Cervantes y Aquino han sido detenidos, y Romero-López se encuentra bajo custodia, según el comunicado. De Galván sigue en libertad.
“Aquellos que explotan a los trabajadores inmigrantes y abusan del programa de visas H-2A para su propio beneficio económico rendirán cuentas”, declaró la fiscal federal Margaret E. Heap, del Distrito Sur de Georgia, en el comunicado.
“Seguiremos colaborando con nuestras agencias federales, estatales y locales para proteger a estos trabajadores, salvaguardar la integridad del programa H-2A y enjuiciar a quienes convierten un programa de empleo legal en un medio para obtener beneficios y cometer abusos”.
The Epoch Times no ha podido contactar con los representantes legales de los acusados.
El Departamento de Justicia ha reconocido la contribución del Grupo de Trabajo Conjunto Alfa (JTFA) en la formulación de las acusaciones. El JTFA fue creado durante la administración Biden para desmantelar las actividades de tráfico ilícito de personas. Inicialmente, el grupo de trabajo se centró en la lucha contra el tráfico ilícito y la trata de personas en Centroamérica.
En septiembre del año pasado, el Departamento de Justicia (DOJ) anunció la ampliación de la JTFA para abarcar los distritos situados a lo largo de las fronteras norte y marítimas de Estados Unidos.
La labor de la JTFA ha dado lugar, hasta la fecha, a la detención de más de 458 personas vinculadas a actividades de tráfico y contrabando de inmigrantes, según informó el DOJ.
En un caso en el que colaboró la JTFA, una persona de origen mexicano se declaró recientemente culpable de conspiración para introducir inmigrantes ilegales en Estados Unidos a través de un túnel clandestino.
En otro caso, tres inmigrantes ilegales procedentes de México se declararon culpables en julio de transportar ilegalmente a extranjeros de México, Centroamérica y Sudamérica a través de la frontera de Estados Unidos con Canadá.
Mientras tanto, la Administración Trump está tomando medidas enérgicas contra los extranjeros que residen ilegalmente en Estados Unidos. Más de tres millones de inmigrantes ilegales han abandonado Estados Unidos durante el segundo mandato de la Administración Trump, según un comunicado del 2 de septiembre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
En agosto, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detuvo a 50 925 inmigrantes ilegales en todo el territorio de Estados Unidos. Esto supuso un récord en cuanto al mayor número de inmigrantes ilegales detenidos en un solo mes.
“Los hombres y mujeres del DHS, con su ardua labor, siguen batiendo récords al defender la patria y proteger al pueblo estadounidense”, afirmó en el comunicado el secretario del DHS, Markwayne Mullin.
“Si se encuentra en el país de forma ilegal, MARCHESE AHORA MISMO. De lo contrario, le localizaremos, le detendremos y le deportaremos”.
