Un mexicano que vivía ilegalmente en Estados Unidos fue sentenciado con 57 meses de prisión por traficar armas escondidas en el compartimento de la llanta de refacción de un automóvil con destino a México.
Hugo Alberto Román Aparicio, de 42 años, en contubernio con otras personas, se organizó para traficar 12 armas que serían entregadas a un coconspirador en California, encargado de completar el viaje de contrabando hasta México, según un comunicado del 9 de septiembre de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en el Distrito de Oregón.
Las armas, se presume, serían entregadas a cárteles de la droga en México. El comunicado señala que Román Aparicio y sus secuaces “intentaba impresionar a una organización de tráfico de drogas (DTO, por sus siglas en inglés) con sede en México con la esperanza de recibir drogas ilícitas para vender en Oregón”.
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No obstante, sus planes se vieron frustrados cuando la Patrulla de Caminos y agentes de la DEA interceptaron en California el vehículo en el que viajaba el mensajero que entregaría las armas. El automóvil fue registrado por las autoridades y encontraron las armas que estaban ocultas en la zona de la llanta de refacción.
En 2024, un gran jurado federal en Portland, Oregón, emitió una acusación contra Román Aparicio con dos cargos por conspirar para distribuir metanfetamina y traficar armas de fuego.
No obstante, Román Aparicio solo se declaró culpable de conspiración para el tráfico de armas de fuego, por la que fue sentenciado, condena que cumplirá en una prisión federal de EE. UU., además de tres años de libertad supervisada.
Este caso forma parte del Grupo de Tareas de Seguridad Nacional (HSTF), una iniciativa federal creada bajo la Orden Ejecutiva 14159 para combatir a cárteles, pandillas y redes de tráfico de personas. A través de la coordinación entre múltiples agencias, el organismo investiga y desmantela las organizaciones criminales que amenazan la seguridad del país.
Desde la llegada del presidente Donald Trump a la presidencia, su administración ha sumado esfuerzos para combatir al crimen organizado en sus diferentes frentes. Entre ellos designando a los cárteles de la droga y diversas pandillas transnacionales como organizaciones terroristas, con la designación de distintas personas por sus vínculos con el crimen organizado, desde empresarios hasta funcionarios de alto nivel de distintos países en Latinoamérica y con la detención y sentencia de diversas personas, miembros de alto perfil del crimen organizado.
La estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos ha sumado dos alianzas clave de alcance regional: el Escudo de las Américas promovido por el Ejecutivo estadounidense y el Departamento de Estado, y la Coalición contra los Cárteles de las Américas (ACCC) respaldada por el Departamento de Guerra. Bajo la conducción de EE. UU., estas plataformas agrupan a países de Latinoamérica y el Caribe con el propósito de blindar el hemisferio frente al crimen organizado, las presiones geopolíticas externas y otras amenazas.
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