La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la solicitud de una madre de Nueva York de permitirle mantener a su hijo de cinco años, sin vacunar, en la guardería mientras impugna la prohibición estatal de las exenciones religiosas a las normas de vacunación escolar.
La decisión de la Corte Suprema, del 8 de septiembre, se adoptó en forma de auto sin firmar en el caso Doe contra McDonald. No se expusieron los motivos.
Los magistrados Samuel Alito y Neil Gorsuch expresaron su desacuerdo, afirmando que ellos habrían estimado la solicitud de medidas cautelares. No explicaron por qué.
La resolución sobre el procedimiento de urgencia es limitada. La Corte Suprema no se pronunció sobre si la prohibición de las exenciones religiosas en Nueva York es constitucional. Se limitó a negarse a mantener la situación actual para un niño mientras el caso sigue su curso en las cortes inferiores.
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La demandante fue identificada como Jane Doe, madre de C.F., su hijo menor de edad.
Los demandados fueron James V. McDonald, consejero de Sanidad del estado de Nueva York, el Distrito Escolar Libre de Eastchester y Caitlin Mondelli, directora de la escuela Waverly.
En la solicitud se describe a Doe como "una católica romana practicante de toda la vida cuyas sinceras creencias religiosas le impiden dar su consentimiento para que C.F. reciba más vacunas".
El 7 de abril presentó una declaración en la que detallaba sus creencias religiosas ante el colegio Waverly de Eastchester, Nueva York, solicitando una exención de las vacunas para su hijo. Días más tarde, el distrito escolar le comunicó que el estado había prohibido las exenciones no médicas desde 2019.
El curso escolar comienza el 2 de septiembre. El distrito indicó que C.F. sería excluido 14 días después si no se le administraban las vacunas obligatorias.
La Ley de Salud Pública de Nueva York, en su artículo 2164, exige que los alumnos reciban determinadas vacunas para poder asistir al colegio. Desde 2019, no se conceden exenciones por motivos religiosos, aunque sí se siguen reconociendo las exenciones médicas.
La Corte Suprema de Washington, el 17 de agosto de 2026. (Madalina Kilroy/The Epoch Times).Doe presentó una demanda en mayo al amparo de una ley federal que permite a los ciudadanos demandar a funcionarios estatales y locales ante la corte federal cuando dichos funcionarios violan derechos constitucionales o federales. Argumentó que la sección 2164, tal y como se aplica a C. F., viola la cláusula de libre ejercicio, así como su derecho constitucional a dirigir la educación religiosa de su hijo.
Solicitó una medida cautelar. El juez federal de distrito Kenneth Karas denegó su solicitud el 10 de julio, alegando que no era probable que el caso prosperara en cuanto al fondo.
Una corte compuesta por tres jueces de la Sala de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos denegó la medida cautelar el 11 de agosto en un breve auto, citando un precedente anterior del Segundo Circuito conocido como Agudath Israel of America contra Cuomo (2020), que establece el criterio habitual para la concesión de medidas cautelares.
Dicho precedente establece que solo se puede conceder una medida cautelar que afecte a una actuación gubernamental adoptada en interés público si el solicitante se enfrenta a un perjuicio irreparable, existe una probabilidad de éxito en cuanto al fondo y la medida cautelar redundaría en beneficio del interés público.
En la solicitud, los abogados de Doe señalaron que, dado que Nueva York "no ofrece ninguna vía de asistencia escolar para un niño no vacunado por objeción religiosa", Doe y su hijo se enfrentaban a la posibilidad de un "traslado forzoso inminente" a Florida, donde aún se permite la exención religiosa para las vacunas escolares.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, interviene durante una rueda de prensa en su oficina de la ciudad de Nueva York el 16 de octubre de 2025. (Michael M. Santiago/Getty Images).La fiscal general de Nueva York, Letitia James, en representación del comisario de Sanidad, se opuso a la solicitud e instó a la Corte Suprema a denegar la medida cautelar.
En su escrito, señaló que el estado modificó su ley de vacunación obligatoria en 2019 para hacer frente a lo que, en aquel momento, era el peor brote de sarampión del país en 25 años. La Asamblea Legislativa derogó la exención religiosa —la única exención no médica— a la obligación de vacunarse con el fin de maximizar las tasas de vacunación y prevenir la propagación de enfermedades contagiosas.
La política estatal tiene una base racional y también superaría el criterio más estricto conocido como "escrutinio intensificado", afirmó James.
El litigio continúa en el Segundo Circuito.
