El gobierno colombiano responde a Fredy Castillo Carrillo, alias "Pinocho", que no habrá concesiones luego de que el cabecilla de la organización criminal Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada planteara condiciones para entregarse a las autoridades.
Castillo manifestó en una entrevista con la revista colombiana Semana su disposición a entregarse a la Justicia colombiana y estadounidense, aunque pidió garantías jurídicas y una ley que estableciera las condiciones de su sometimiento y las penas que enfrentaría.
El Ministerio de Justicia de Colombia le dijo a "Pinocho" que: "El camino es claro: acudir ante las autoridades competentes, formalizar su voluntad por los canales institucionales y cumplir estrictamente las condiciones y decisiones que determine la justicia".
"No habrá atajos, privilegios ni acuerdos por fuera de la Constitución y la ley", agregó el ministerio a través de un comunicado publicado el 12 de septiembre. "Cualquier actuación deberá garantizar los derechos de las víctimas y contribuir de manera efectiva a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición".
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La institución jurídica exhortó a alias "Pinocho" "a materializar su intención y seguir el procedimiento legal correspondiente. La institucionalidad está dispuesta a actuar, pero siempre dentro de la ley", agregó.
Por su parte el ministro de Defensa, el general Jorge Mora, dijo que su dependencia acataría las instrucciones del mandatario colombiano y actuaría con firmeza frente a quienes continúan atentando contra la seguridad de los colombianos.
"El sometimiento a la justicia debe ser una prioridad, y trabajaremos de manera coordinada para propiciarlo dentro del marco de la ley", dijo Mora, a través de un comunicado, como respuesta a una petición de De la Espriella quien publicó la portada de Semana donde se ve la disposición del cabecilla a entregarse, el 12 de septiembre.
"Si este sujeto persiste en sus acciones criminales y se presentan las condiciones previstas por la ley para el uso legítimo de la fuerza, la Fuerza Pública actuará con decisión, respetando el derecho internacional humanitario y las reglas de enfrentamiento", agregó. "No habrá impunidad ni permisividad. Habrá firmeza, coordinación y Estado de derecho".
El mismo día De la Espriella había solicitado a los ministros de Defensa y de Justicia coordinar en un plazo perentorio de una semana, el sometimiento a la justicia de alias "Pinocho", a través de redes sociales.
El mandatario advirtió además que, si Castillo no se entrega y continúa "enfrentando al Estado, delinquiendo y haciendo daño", la orden será "darle de baja", expresión utilizada en Colombia para referirse a la muerte de un integrante de un grupo armado.
El pasado 31 de agosto, De la Espriella dio por terminadas las mesas de diálogo de la llamada "paz total" en Colombia con tres organizaciones criminales armadas del país, entre ellas dos disidencias de las FARC y las paramilitares Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN).
De la Espriella decidió concluir dichas mesas de diálogo señalando que dichas organizaciones no tienen voluntad de paz.
"He tomado esta decisión porque no existe una voluntad real y verificable de paz, mucho menos de reinserción a la vida civil o de sometimiento serio a la Justicia que justifique mantener esas farsas", agregó.
La política de "Paz Total" fue aprobada como ley en noviembre de 2022, convirtiéndose en el programa insignia del gobierno del entonces presidente Gustavo Petro, que naufragó entre el fracaso de los diálogos con los distintos grupos armados criminales del país sudamericano. Esta propuesta fue diseñada con el propósito de acabar con el largo conflicto armado del país mediante una estrategia de negociaciones hechas al mismo tiempo, pero con tratos distintos para cada grupo.
El proyecto establecía dos caminos a seguir: abrir diálogos políticos con grupos guerrilleros, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las facciones separadas de las FARC, y crear un proceso para que las organizaciones de crimen organizado y narcotráfico, como el Clan del Golfo, se entregaran a la justicia.
Esa ambiciosa propuesta también incluía negociaciones con las disidencias de las FARC y el sometimiento a la justicia de bandas como el Clan del Golfo, la mayor organización criminal del país, pero los resultados fueron casi nulos.
Con información de EFE.
