El principal abogado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) acusó a un juez federal de colaborar con otros jueces para bloquear la aplicación de la ley de inmigración después de que el magistrado dijera que el aumento de las medidas de control migratorio por parte de la administración Trump en Minnesota creó "una grave amenaza para el estado de derecho".
Las acusaciones surgieron a raíz de un artículo publicado el 17 de septiembre en el New York Times que incluía una entrevista conjunta con siete jueces de Minnesota.
Es poco habitual que los jueces federales concedan entrevistas extensas a los medios de comunicación para hablar sobre sus fallos y el impacto que estos han tenido. El operativo de alto perfil en las Ciudades Gemelas se desarrolló entre diciembre de 2025 y mediados de febrero de 2026.
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El 28 de enero, el juez federal Patrick Schiltz emitió una orden en la que sostenía que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no había cumplido con casi un centenar de órdenes judiciales.
Schiltz, quien fue confirmado por el Senado de Estados Unidos en 2006 tras ser nominado por el presidente George W. Bush, trabajó anteriormente como asistente del juez conservador de la Corte Suprema Antonin Scalia.
"El ICE no actúa por encima de la ley", dijo el juez en una orden escrita. "El ICE tiene todo el derecho a impugnar las órdenes de esta Corte, pero, como cualquier litigante, debe acatarlas a menos que sean revocadas o anuladas".
Durante el aumento de casos, el DHS trasladó a los detenidos fuera de Minnesota casi tan rápido como los abogados podían acceder a los juzgados.
El asesor jurídico general del DHS, James Percival, dijo que los jueces de Minnesota estaban preparados para emitir órdenes de emergencia que impidieran que esos casos salieran del distrito judicial. Schiltz respondió que la corte estaba respondiendo ante el incumplimiento de sus órdenes por parte del gobierno.
Percival escribió en X el 17 de septiembre que los comentarios de Schiltz, publicados ese mismo día en The New York Times, revelan un profundo sesgo contra el DHS y la actual administración, y admite una conducta extremadamente indebida.
Según Percival. el juez Schiltz admitió haber conspirado con sus colegas judiciales para obstaculizar la aplicación de las leyes de inmigración del DHS en Minnesota.
Al día siguiente, Percival añadió en X que el artículo describe a "jueces sentados junto a sus teléfonos, listos para emitir [órdenes de restricción temporales] de inmediato" durante el aumento de casos, a pesar de que "no había ninguna emergencia". Esas órdenes de restricción se emitieron "para impedir que jueces de fuera de [Minnesota] conocieran los casos", explicó.
En la entrevista, el juez dijo que su orden del 28 de enero se debió a la preocupación de que el incumplimiento de las órdenes judiciales por parte del gobierno federal había saturado los juzgados, agravaba las tensiones en la metrópolis, agitada por las protestas, y ponía en peligro el orden constitucional.
Añadió que, en su opinión, la mayor parte del incumplimiento se debía a la incompetencia y la falta de personal, más que a decisiones deliberadas de desafiar a la corte.
Varios jueces federales de distrito, nombrados por presidentes de ambos partidos, también hablaron con el periódico.
La jueza Nancy Brasel dijo que los jueces "tienen derecho a hablar sobre la independencia judicial" y "deben hacerlo para preservarla". El juez Eric Tostrud dijo que Schiltz era "la persona idónea para liderarnos" durante el operativo, calificándolo como "independiente, brillante, valiente y sin miedo".
El juez John Tunheim señaló que, en su opinión, el gobierno "no estaba arrestando a delincuentes peligrosos en la calle".
El periódico The Epoch Times se puso en contacto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para solicitar comentarios. No se recibió respuesta antes de la publicación.
Con información de Jacob Burg.
